Cada cierto tiempo, el país amanece con un nuevo anuncio sobre la frontera. Más soldados, más kilómetros de verja, más “áreas operativas”. El titular cambia de fecha, pero el contenido es casi siempre el mismo. Lo que el Gobierno presenta como una respuesta enérgica a la crisis haitiana es, en realidad, la repetición de un guion que ya conocemos de memoria.
Hagamos memoria. En 2020 se ordenó construir el muro fronterizo, proyectado sobre 168 de los casi 400 kilómetros de línea divisoria. En 2021 llegó la “primera medida contundente”: la verja perimetral. En 2023, la crisis del canal del río Masacre trajo el cierre total de la frontera y el enésimo “reforzamiento militar”. En 2024, el plan de deportaciones y más drones. En 2025, un paquete de quince medidas con mil quinientos soldados adicionales. Y ahora, otra vez: mil quinientos soldados más, trece kilómetros más de verja, ocho áreas operativas. Si tapáramos las fechas, sería imposible distinguir un anuncio de otro.
El problema no es que el Gobierno hable de la frontera. El problema es que solo habla. Porque cuando se revisan los resultados, la distancia entre la palabra y la obra es abismal. El muro que se ordenó hace seis años apenas alcanza unos cincuenta y cuatro kilómetros construidos. Cincuenta y cuatro de ciento sesenta y ocho. Menos de un tercio, en seis años. A ese ritmo, la verja que prometió “blindar” la frontera estará terminada cuando varios de quienes hoy la anuncian ya no estén en el poder.
Y aquí aparece el dato más revelador de todos. En medio de tanta repetición, hay un solo elemento verdaderamente nuevo en el último anuncio: el puerto seco. Pero el puerto seco no es seguridad ni soberanía. Es un negocio. Se presenta, con todas las letras, como una oportunidad de inversión privada. Es decir, mientras lo viejo se recicla, lo único nuevo que el Gobierno trae a la frontera es una cartera de oportunidades para empresarios.
No sorprende. Encaja con la marca de la casa: la tendencia de este Gobierno a convertir cada política pública en una oportunidad de negocio. La pregunta, entonces, es incómoda pero necesaria: ¿la frontera se gestiona como un asunto de Estado o como un portafolio para el sector privado afín?
Que quede claro: nadie discute que el deterioro de Haití representa un desafío real para la seguridad nacional. Las bandas, la presión migratoria y el contrabando son problemas serios que exigen respuestas serias. Precisamente por eso indigna el manejo. Un problema de esta magnitud no se resuelve con una rueda de prensa cada seis meses ni con cifras que se reanuncian para alimentar el ciclo noticioso.
La frontera necesita una política de Estado, no una campaña permanente. Necesita metas con fecha: cuántos kilómetros de muro, para cuándo, con qué presupuesto y bajo qué supervisión. Necesita transparencia: que se diga cuántos soldados hay realmente desplegados y qué resultados producen. Y necesita continuidad institucional, por encima del calendario electoral y del aplauso fácil.
Mientras tanto, seguiremos amaneciendo con anuncios. El próximo ya se puede adivinar: más soldados, más verja, más áreas operativas. Y, si la tendencia se mantiene, algún otro negocio para acompañarlos. Porque en esta frontera, el único muro que de verdad avanza es el de los titulares.
