La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó este domingo al Poder Ejecutivo a remitir con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley que amplíe el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, al entender que su entrada en vigencia en las próximas semanas podría ocasionar dificultades significativas en el funcionamiento del sistema de justicia.
La organización propuso que el presidente Luis Abinader promueva una modificación al artículo 393 de la Ley 74-25, con el propósito de posponer la aplicación de la nueva normativa y disponer de un plazo adicional para revisar y corregir las observaciones que, a su juicio, aún presenta el texto aprobado.
Mediante un documento suscrito por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus afirmó que la legislación contiene «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que podrían complicar la correcta interpretación y aplicación del derecho penal, además de generar incertidumbre jurídica.
La entidad explicó que la ampliación del período de vacatio legis permitiría a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a los distintos actores del sistema de justicia analizar las disposiciones cuestionadas y alcanzar consensos sobre las modificaciones necesarias antes de que el nuevo Código entre en vigor.
La petición se produce en medio del debate suscitado por penalistas, jueces, académicos y organizaciones especializadas, quienes han señalado presuntas deficiencias de técnica legislativa, contradicciones entre artículos, vacíos normativos y posibles incompatibilidades con la Constitución y el Código Procesal Penal.
Entre las principales observaciones mencionadas figuran la existencia de figuras penales que castigan una misma conducta con sanciones diferentes, conceptos considerados poco precisos y disposiciones cuya aplicación podría provocar inseguridad jurídica.
Finjus precisó que su planteamiento no pretende frenar la reforma del Código Penal, sino asegurar que la nueva legislación entre en vigencia con el debido rigor técnico, ofreciendo mayor certeza jurídica y reduciendo el riesgo de futuras controversias.
Asimismo, expresó inquietud por el tratamiento que el nuevo Código concede a los delitos de difamación e injuria, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían incidir negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público.
A juicio de la entidad, una prórroga del período de entrada en vigor permitiría corregir tanto las deficiencias técnicas identificadas como aquellos aspectos con mayor impacto institucional y democrático, fortaleciendo la legitimidad de una reforma destinada a modernizar el sistema penal dominicano.
